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marzo 16, 2017

¿Tenemos derecho a una muerte digna?

El deseo de vivir dignamente es reconocido como preámbulo de los derechos humanos y desarrollado en los diferentes ordenamientos. Parece existir un firme acuerdo internacional en la defensa de este principio ético-jurídico formal de raíces kantianas y judeocristianas como el marco en el cual debe encajarse cualquier propuesta normativa respecto a como deben tratarse entre sí los seres humanos. Los problemas comienzan cuando tratan de delimitarse los contenidos materiales concretos que dan sentido real a la idea de vivir dignamente. Sin duda la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el producto cumbre en esta materia. Pero aun ella es fuente de discusión y debe ser revisado continuamente, no pudiendo ser definitivo.

Hace unos días la Asamblea de Madrid aprobó su primera ley de muerte digna basada en evitar el sufrimiento respetando la dignidad y la decisión libre de cada paciente. Con este texto, Madrid se suma a comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Andalucía, pionera en aprobar una ley de estas características.

¿Qué derechos regula esta ley en la Comunidad de Madrid?

La ley madrileña sobre muerte digna reconoce derechos y deberes tanto a pacientes como a profesionales. Los pacientes tienen derecho a estar informados y a no recibir información sobre su estado, también tienen derecho a una muerte en su casa con paliativos y a estar en una habitación individual del hospital. Si el paciente se niega a recibir un tratamiento el profesional médico deberá respetar esta decisión.

Los pacientes pueden negarse a recibir un tratamiento que alargue la vida artificialmente.

Por otro lado, familiares y pacientes podrán contar con psicólogos y trabajadores sociales que los acompañarán durante el tiempo que sea requerido.

La ley madrileña sobre muerte digna es un texto legal en el que se ha conseguido el consenso de todos los grupos políticos y que pretende dar garantías a la actuación de los facultativos, estableciendo un informe anual que controle la efectividad de su aplicación.

El nombre completo del texto es Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el proceso final de la vida. Actualmente falta una legislación estatal sobre el asunto, que podría contemplar la posibilidad de conceder permisos laborales para familiares de pacientes a punto de morir.

Madrid cuenta en la actualidad con unidades de cuidados paliativos en sus hospitales y en la atención primaria. Sin embargo, la ley que la semana pasada se aprobó por unanimidad va más allá, y normaliza el modo en que el sistema sanitario madrileño enfrenta los últimos momentos de la vida de los pacientes. Desde el momento que fue planteada en la Asamblea madrileña en mayo del año pasado, el texto ha sido objeto de varias modificaciones, con el objeto de consensuar una redacción que estuvieran dispuestos a apoyar tanto PP como PSOE, Ciudadanos y Podemos.

El resultado final es una ley que permite, llegado el momento final, el paciente pueda vivirlo con la debida intimidad, dignidad, en una habitación individual y rodeado, si lo desea, de su familia.

La norma recoge el derecho de los pacientes a suscribir un documento de instrucciones previas, y que de acuerdo con la ley podrá formalizarse en cualquier centro de salud de la región. Las instrucciones que consten en este documento deberán ser respetadas por los médicos.

La nueva ley defiende la sedación paliativa como “administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, con su consentimiento explícito”.

Respecto a los médicos de familia, como garantía de que el texto legal se aplica eficazmente, la propia ley establece la obligación del Gobierno regional de presentar anualmente un informe a la Asamblea, así como realizar encuestas de satisfacción de los pacientes con el cumplimiento de la norma.

Próximamente en el Congreso de los Diputados podría debatirse una iniciativa parlamentaria, habiendo presentado PSOE y Podemos dos proposiciones de ley. Del mismo modo, Ciudadanos pretende debatir esta cuestión. Se puede prever que la propuesta será apoyada por la mayoría de la Cámara, ya que gran parte de la oposición se ha mostrado favorable a respaldar su aprobación.

 

Carolina Rodríguez Salazar

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