septiembre 25, 2019
Directiva PSD2, la nueva normativa europea que cambiará la forma de pagos por internet
El pasado 14 de septiembre, entraba en vigor la directiva europea sobre sistemas de pago por internet, conocida como la directiva PSD2 (Payment Services Directive), que viene a actualizar la anterior directiva PSD, con la finalidad de garantizar los pagos por internet, así como evitar el fraude, estableciendo requisitos para la aplicación reforzada del cliente.
Todo ello viene regulado en el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes y seguros.
Dicha Directiva ha sido traspuesta por el Real Decreto 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
Con esta directiva se introduce la SCA ( Strong Customer Authentication), que obliga a autenticar a la persona que realiza el pago, a través de tres medidas, teniéndose que cumplir al menos dos de ellas, estas medidas consisten en algo que el cliente conoce, como un código recibido por SMS, algo que el cliente tiene, como la tarjeta física o DNI, o lo que el cliente es, a través de reconocimiento facial.
Esta nueva regulación permite mejorar la seguridad en los pagos online, lo que obligará a que los proveedores exijan al menos dos elementos para verificar la identidad del comprador, como puede ser un código pin, que se le enviara al cliente al móvil, o algo que el cliente posea como la tarjeta física.
Con este nueva normativa será indispensable contar un smartphone para acceder a la banca online, donde para entrar además de usuario y contraseña, se necesitará un código que será enviado por SMS.
Aún no hay fecha fecha para la entrada en vigor de la normativa, tras la moratoria concedida por el Banco de España, en España la moratoria concedida será de 14 meses, más un tiempo de amortización flexible, mientras en la mayoría de países establecen la moratoria en un periodo de 18 meses.
Sandra Cervera Trujillo.